Dez seções do Helms-Burton que ofendem todos os cubanos

Um menino anda de bicicleta em frente a um mural com a bandeira cubana e uma imagem de Fidel Castro pulando de seu tanque durante a invasão da Baía dos Porcos. Guantánamo, Cuba, 25 de julho de 2018. Foto: Ramón Espinoza

O lápis com o qual o presidente William Clinton assinou a Lei Helms-Burton em 12 de março de 1996, foi entregue imediatamente a Jorge Mas Canosa, então chefe da Fundação Nacional Cubano-Americana, que era a sede em Flórida de atos terroristas e subversão contra Cuba.

Mais do que um gesto simbólico, era a prova de quem conseguira uma vitória, à custa do direito internacional, da Constituição e dos poderes executivos para conduzir a política externa dos Estados Unidos.

Os nomes dos congressistas para quem a lei seria conhecida, o senador Jesse Helms e o representante Dan Burton, eram puro formalismo. O texto foi redigido, entre outros, por Roger Noriega, um dos falcões da CIA para a América Latina, os legisladores de origem cubana no Congresso e os advogados Bacardi, com a esperança frustrada de que era o impulso final contra o Revolução e a porta que Havana abriria para seus antigos proprietários.

“É hora de apertar os parafusos”, disse Helms, apresentando o projeto no Comitê de Relações Exteriores do Senado. Burton, que o apoiaram desde o Hemisfério Ocidental subcomissão da Câmara dos Representantes, por sua vez, disse que seria “o último prego no caixão” de Fidel Castro.

Duas décadas depois, suas aspirações continuam frustradas. O que resta é uma lei intromissão ilegal e inconstitucional, escrito com arrogância e sem respeito pela soberania de Cuba, que é um dos maiores obstáculos para a convivência civilizada entre os dois países.

A própria leitura das quase 50 páginas dos regulamentos é suficiente para ofender qualquer um que se considere cubano ou respeitoso dos princípios básicos do direito internacional.

Cubadebate compartilha com seus leitores 10 seções particularmente ultrajantes:

Lei de Liberdade Cubana e Solidariedade Democrática (Lei da Liberdade) de 1996 (“Helms-Burton”)

Aunque el proyecto se conoce mayormente por los apellidos de los congresistas que la presentaron, su nombre oficial resume a la perfección la hipocresía de sus redactores. En el marco de la “libertad” y la “democracia”, se intenta asfixiar a la gente, cercar su acceso a los mercados internacionales con el objetivo de rendir por hambre y desesperación al pueblo cubano para minar su apoyo mayoritario al proceso revolucionario, se vende como “solidarios” por la libertad “En Cuba.

102. El embargo económico de Cuba, tal como se encuentra en vigor al 1 de marzo de 1996, incluidas todas las técnicas que se establecen en la parte 515 del título 31 del Código de Reglamentos Federales, estará en vigor en la cierra de promulgación de la presente Ley y se mantiene vigente con sujeción a la sección 204 de esta Ley.

Cuando Clinton firmó la Helms-Burton, cedió una parte considerable de las prerrogativas que había ostentado la Casa Blanca para manejar su política hacia Cuba desde que John F. Kennedy impuso el bloqueo total en enero de 1962.

El texto introduce un cambio que de las décadas posteriores sigue marcando las relaciones entre La Habana y Washington.

“No se propuso solamente un poco más la tuerca del bloqueo, sino eternizarlo, el mar, hacer mucho más difícil que se levantara por el Ejecutivo, hasta tanto no se logró el objetivo central de derrocar a la Revolución, profesor cubano Rodolfo Dávalos.

Dávalos apunta que se buscó “codificar” la compleja madeja que conforman las distintas disposiciones que instrumentan la política de agresión hacia la Isla. “Se elevó a la categoría normativa de Ley a todas las anteriores normas, regulaciones, reglamentos y órdenes presidenciales en relación con el bloqueo impuesto a Cuba, sin distinción de jerarquía normativa”.

“Aprobar la ley fue bueno en un año electoral en la Florida, pero minó cualquier oportunidad que pudiera haber tenido de levantar el embargo en un segundo mandato en respuesta a cambios positivos dentro de Cuba”, escribió adelante Clinton en sus memorias. Demasiado tarde.

(…) Se autoriza al Presidente a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organismos en el gobierno independiente en favor de los derechos de democratización de Cuba

El apoyo a la subversión de los Estados Unidos contra Cuba no necesitaba una ley para materializarse, sino que está presente desde el propio triunfo revolucionario. Pero el colmo del cinismo es dejado en letra impresa como si nada.

“Es la suposición más hipócrita de intervención en los asuntos internos de los Estados, violatoria de uno de los principios elementales de la ONU: la no intervención”, defiende la profesora Olga Miranda Bravo en su libro Cuba / USA Nacionales y Bloqueo.

“Es insólito que un gobierno se declare a sí mismo como injerencista y agresor”, añade.

En el caso de que se declaran “lícitas las acciones de inteligencia contra Cuba, para cumplir los propósitos del bloqueo”.

Baste el ejemplo del revuelo que se ha armado en Estados Unidos por la simple posibilidad de que Rusia haya interferido en las elecciones presidenciales de 2016, para comprender cuán en serio se toma Washington que le receten un poco de su misma medicina.

(…) El Congreso toma nota de que en la sección 515.204 del título 31 del Código de Reglamentos Federales se prohíbe la entrada de mercancías a los Estados Unidos y su comercio fuera de los Estados Unidos, si éstas: 1) son de origen cubano; 2) están el estuvido en Cuba lo transportaron desde ese país por su conducto; 3) se confeccionan el derivado en su totalidad o en parte de cualquier producto que se cultive, elabore el fabrique en Cuba.

La Helms-Burton hace casi imposible la gama de productos cubanos a los Estados Unidos, que ya transit muy limitadas tras la implantación del bloqueo en 1962.

Producto de estas fronteras limitaciones, los propietarios estadounidenses que fueron nacionalizados legítimamente por la Revolución habrían recibida la compensación completa para 1981, si Estados Unidos no había cortado la cuota azucarera.

Cuba propuso que un porciento de esas ventas se destinó al pago de las compensaciones. Al final de ellos los propios estadounidenses se si un tiro en el pie.

En el caso de los refugiados cubanos en el Estrecho de la Florida y que cumplía una de esas misiones el sábado 24 de febrero de 1996.

El 24 de febrero de 1996, derribados en aguas territoriales cubanas de los aviones del grupo dirigido por José Basulto, un personaje que reconoció poco después de los medios de prensa que había sido “entrenado como un terrorista por Estados Unidos en el uso de la violencia para lograr ciertos objetivos “.

Las repetidas incursiones en territorio nacional de los aviones de Hermanos al Rescate, denunciadas oportunamente por Cuba a las autoridades estadounidenses, violaban todas las normas internacionales y ponían en riesgo la seguridad de ciudadanos cubanos.

Las autoridades cubanas actuaron en legítima defensa y en protección de la soberanía nacional.

El Presidente designará un funcionario de coordinación que tenga la responsabilidad de 1) aplicar la estrategia de distribución de la asistencia que se menciona en el inciso b) de la sección 202; 2) asegurar la asignación expedita y eficiente de dicha asistencia; y 3) asegurar la coordinación entre los organismos de los Estados Unidos que proporcione la asistencia mencionada en el inciso b) de la sección 202 así como una supervisión correcta por parte de ellos, incluida la solución de cualquier controversia entre dichos organismos.

Esta declaración equivale como mínimo a la designación de un procónsul en Cuba, un estado similar al de la ocupación militar de los Estados Unidos tras inmiscuirse en la guerra de independencia cubana en 1898.

El título II de esta ley, donde está incluido el acápite del procónsul, es un plan detallado de la restauración del capitalismo en Cuba dirigido desde Estados Unidos una vez que se logren los objetivos del primer capítulo (derrocar a la Revolución por asfixia económica).

Esta sección estipula los pasos que tendrían que darse para cumplir las expectativas de Washington, incluido entre muchos otros aspectos la disolución del Ministerio del Interior, del movimiento obrero cubano y la compensación íntegra (en una representación unilateral de los términos) a todos los supuestos afectados por las nacionalizaciones de propiedades al inicio de la Revolución.

Para colmo de chantajes, condiciona esta ocupación de facto a la solución de una de las mayores afrentas de Washington contra la soberanía cubana.

“Estar listos para iniciar con un gobierno electo democráticamente en Cuba a fin de devolver a ese país la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo el de renegociar el acuerdo actual en condiciones mutuamente aceptables”, referido el texto de la Helms-Burton.

(En lo sucesivo, en lo que se refiere a las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad) ; (…) haya puesto fin a toda interferencia de las trasmisiones de Radio Martí y Televisión Martí; (…) 7) no incluya a Fidel Castro ni a Raúl Castro. (…) El Presidente cuenta en cuenta la medida en que ese gobierno (…) demuestra fehacientemente que está en marcha el tránsito de una dictadura comunista totalitaria a la democracia representativa, (…) la garantía del derecho a la propiedad privada (…) y … de las medidas apropiadas para la devolución a los ciudadanos de los Estados Unidos (ya las entidades que 50 por ciento el más es propiedad en usufructo de ciudadanos de los Estados Unidos) las propiedades confiscadas por el Gobierno cubano a tales ciudadanos y entidades el 1 de enero de 1959 el posterior, el para la indemnización de los ciudadanos y las entidades por las propiedades.

El representante estadounidense Robert Muse ha señalado como uno de los elementos violatorios del derecho incluidos en la Helms-Burton que “intenta legislar por Cuba en términos de definir qué es la democracia, incluir la prohibición de la participación de Fidel y Raúl en un gobierno en Cuba”.

“Como toda la madeja seudolegal que conforma el bloqueo, la Helms-Burton es un engendro que pretende revestir legalmente una voluntad política que carece de respaldo jurídico en el orden internacional”, opina por su parte el Rodolfo Dávalos, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

(…) El Gobierno de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos contra las confiscaciones contrarias a la ley perpetradas por naciones extranjeras y sus ciudadanos, incluida la solicitud del recurso judicial privado.

Y en el caso de que se trate de una de las más importantes de la historia de la humanidad.

“Es absolutamente ilegal, en el suelo en atención al Derecho internacional, sino también en materia constitucional, procesal y de competencia judicial internacional”, opina Dávalos.

Este acápite permite a los ciudadanos estadounidenses que vierten objeto de nacionalizaciones el expropiaciones por las leyes cubanas a partir de enero de 1959, de bienes por un valor superior a 50.000 dólares, presentar reclamación ante las cortes de EE.UU., contra aquellas personas que “trafiquen” con sus antiguas propiedades, sin tener en cuenta razones y fundamentos básicos en materia de nacionalizaciones, entre otros la competencia exclusiva para conocer y resolver sobre ellas de los tribunales del Estado expropiante, como establece la Resolución 1803 (XVII) aprobada por la Asamblea General de la ONU, el 14 de diciembre de 1962, titulada Soberanía permanente sobre los recursos naturales, que dispuso: “En cualquier caso en que la cuestión de la indemnización de origen a un litigio, debe agotarse la jurisdicción nacional del Estado que adopte dichas medidas. Sin embargo, por acuerdo entre Estados soberanos y otras partes interesadas, el litigio podrá dirigirse por arbitraje al arreglo judicial internacional “.

Para Olga Miranda Bravo: los tribunales de los Estados Unidos no son competentes para discernir sobre las nacionalizaciones cubanas. Además, un Estado no tiene derecho de atribuir responsabilidad a nacionales de terceros Estados por sus reclamaciones contra otro Estado; y, finalmente, porque un Estado no tiene facultad para presentar reclamaciones a un Estado que nacionaliza propiedades de personas que no son sus ciudadanos al momento de ocasionar el hecho nacionalizador “.

303. No obstante cualquier otra disposición de esta Ley y sólo a los efectos de la sección 302 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (Ley LIBERTAD) de 1996, para fines de investigación un tribunal de distrito de los Estados (Como se define en la sección 4 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática, en la que se establece en la nacionalidad de la Comisión, (Cuba) de 1996, que dimane de la confiscación de propiedades por el Gobierno de Cuba descrita en el inciso a) de la sección 503, independientemente de que el nacional de los Estados Unidos fuese o no un nacional de los Estados Unidos (según se define en el párrafo 1 de la sección 502) en el momento en que el Gobierno de Cuba tomó la medida.

El hecho de incluir a los asistentes cubanos en los momentos de las nacionalizaciones en Cuba y, posteriormente, se naturalizaron en los Estados Unidos, por supuesto, complica la viable solución de la ley cubana y la práctica seguida por el Gobierno de Cuba en los tiempos de la globalización de la indemnización, como los que han suscitado con diferentes países, opina en su libro Miranda Bravo.

La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos aceptó, hasta 1972, ensayo de pérdidas debido a propiedades nacionalizadas. Entre 2005 y 2006, la misma comisión se reunió para considerar propiedades confiscadas después de 1967. En total, el gobierno estadounidense tiene certificadas 5 913 reclamaciones.

Cuba siempre ha dicho que está dispuesta a sostener conversaciones sobre este tema en igualdad de condiciones y respeto mutuo, como se ha propuesto durante el gobierno de Barack Obama. Es elemental que se tengan en cuenta también los graves y cuantiosos daños ocasionados a nuestro país por la política de bloqueo.

Sec. 401. Prohibición de entrada en los Estados Unidos a los extranjeros que toman confiscado propiedades de nacionales de los Estados Unidos lo que trafiquen con las propiedades.

El concepto de excluir de los Estados Unidos, como lo exigía el estatuto, a la esposa el al esposo y los hijos menores de un “traficante” es, simplemente, repugnante, dijo Robert Muse. “Es obvio que ofende las nociones más elementales -y, por ende, universales- de justicia a personas que, en cualquier circunstancia, son libres de culpa”, añadió durante un seminario internacional sobre la Helms-Burton efectuado en La Habana en 1996.

 

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